La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Hernández Emparanza, quien estuvo por no acceder a la solicitud de suspensión del procedimiento solicitada por la requirente.
De acuerdo a la empresa, la paralización configuró la hipótesis contemplada en el artículo 290, letra f) del Código del Trabajo; esto es, «ejercer los derechos sindicales o fueros que establece este Código de mala fe o con abuso del derecho».
No resulta procedente que ello se materialice respecto de calles, pasajes o «arterias» que no reúnan las exigencias legales para ello.
La demandante fundó la nulidad de la sentencia en la causal prevista en el artículo 478 b) del Código del Trabajo.
El Gobierno bosnio «no ha aportado ninguna justificación a la inacción de las autoridades» para devolver esa parcela, por lo que el retraso supone «un rechazo a ejecutar las decisiones».
La gestión pendiente incide en autos laborales, seguidos ante el 2° Juzgado de Letras de Talagante, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de San Miguel.
La sentencia fue adoptada con el voto en contra de los abogados integrantes Gómez y Pallavicini.
La Comisión verificó que el Estado chileno promulgó la Ley 20.784 mediante la cual se modificó el estatuto de personal de Carabineros de Chile, a fin de crear una nueva instancia para la calificación y clasificación de su personal de nombramiento institucional.
El máximo Tribunal descartó infracción en la utilización de la figura de un testigo encubierto como antecedentes condenatorios.
El máximo Tribunal estableció la responsabilidad por falta de servicio del municipio al no realizar mantención de los árboles.
