El reclamante alegó que sí habría hecho entrega de la garantía de seriedad de la oferta que ingresó al portal conjuntamente con la oferta, sin embargo, no remitió dicho instrumento de garantía a los correos electrónicos como lo exigían las bases.
El máximo Tribunal desestimó un recurso de queja presentado en contra de un fallo arbitral de segunda instancia, no obstante, invalidó de oficio la sentencia recurrida, al estimar que la decisión infringía el principio de la buena fe establecido en el artículo 1546 del Código Civil.
Particulares dueños de predios superficiales presuntamente afectados por solicitudes de ampliación de servidumbres para trasladar agua desalada hacia las faenas de una empresa minera, pidieron que se declare inaplicable el bloque jurídico completo del Código de Minería y de la Ley de Concesiones Mineras que las regulan, sosteniendo que la petición de ampliación debía tramitarse conforme las normas que regulan las servidumbres en el Código Civil, en un juicio de lato conocimiento.
No obstante, el derecho al honor tiene menor protección cuando su titular es una persona jurídica, refiere el Tribunal Supremo de España, y en este caso, no se advierte como el honor ha podido estimarse vulnerado por la publicación efectuada por el medio.
La duración razonable tanto de la prisión preventiva como la del proceso penal están amparadas normativamente; así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos lo hace en sus artículos 7.5 y 8.1, respectivamente.
El supermercado se expone a multas de más de $759 millones de pesos.
Por seguridad todos los productos eléctricos que se comercializan en el país deben contar con sello SEC, con la certificación de un organismo técnico autorizado por la Superintendencia.
La requirente sostiene que ve limitada su actividad económica por la ineficiencia de la DGA que no se pronuncia sobre el cambio de punto de captación, infringiendo sus garantías a la igualdad repartición de las cargas públicas y libertad económica.
El requirente alegó que se le obliga a vender su inmueble a un precio muy inferior al de mercado, lo que vulnera igualdad ante la ley, el debido proceso, en particular su derecho a defensa y derecho de propiedad.
La decisión de la Municipalidad deviene en arbitraria e ilegal, puesto que aplica directamente, por su sola voluntad, un descuento en la remuneración de la actora.
