Se resolvió acoger la reclamación en contra de las Resoluciones Exentas N°711/2018 y N°1.410/2016, dictadas por Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, por carecer éstas de una debida motivación.
En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que el requerimiento no cumple con lo dispuesto en el artículo 84 N°3 de la LOCTC, esto es, que no existe una gestión judicial pendiente en tramitación.
La gestión pendiente incide en autos ejecutivos seguidos ante el Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de La Serena.
La Corte de Apelaciones de Santiago indicó que, de los antecedentes del recurso y los allegados a esta causa, no permiten concluir la existencia de un supuesto incumplimiento de las obligaciones del contrato suscrito entre las partes que pueda ser reparada por esta acción constitucional.
El Tribunal de Alzada indicó que, el actuar de la recurrida se encontró amparado en la autonomía e independencia académica que sus propios estatutos y la ley le reconocen.
Corte de Iquique estimó la medida como desproporcionada e ilegal.
El ente contralor indicó que dicha prerrogativa supone que quien la ejerza tenga derecho a ambos beneficios -pensión no contributiva y bono de reconocimiento-, exigencias que no se cumplen en la especie, por lo que se rechaza su pretensión.
El ente contralor indicó que el cambio de jurisprudencia solo genera efectos para el futuro, sin afectar las situaciones acaecidas durante la vigencia de la doctrina que ha sido sustituida por el nuevo pronunciamiento.
La Corte de Apelaciones de Santiago declaró que, se pretendió en la acción constitucional ejercida por la empresa Inversiones y Comercio Capellán S.A que la Corte, de una forma u otra, declare que no hubo incumplimiento contractual de su parte, cuestión que es totalmente ajena a la naturaleza y objetivo de un recurso de protección.
La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministro María Eugenia Sandoval, quien fue de parecer de revocar el fallo en alzada que acogió el recurso de protección.
