Deriva a la Primera Sala, «a partir del 1 de junio del año en curso y para el régimen de funcionamiento imperante, esto es, el extraordinario, el conocimiento de los recursos ordinarios y extraordinarios en materia civil y comercial que recaigan en procedimientos sumarios regulados en el Código de Procedimiento Civil, los contemplados en el DL 2695 y en las leyes de arrendamiento de predios urbanos y rústicos, con excepción de los asuntos cuyo conocimiento corresponda a la Tercera o a la Cuarta Sala».

La norma establece que en un estado de excepción se podrá dar tratamiento de datos sensibles a aquellas informaciones relativas al diagnóstico de la enfermedad que dio origen a la pandemia o epidemia, por razones de salud pública.

El auto despido es una figura no contemplada para poner término a los servicios del docente. Esa decisión se asimila a una renuncia.

Se vulnera el derecho de ser juzgado en un plazo razonable por lo que se debe privar de todo efecto jurídico a lo obrado en la causa y en el expediente administrativo seguido ante la Tesorería Provincial.

Carece de razonabilidad seguir adelante con la ejecución de un deudor de quien se tiene información que no posee injerencia con las maniobras dolosas ejecutadas por terceros.

En la sentencia, el Tribunal refrendó la resolución de juzgado de policía local que estableció el actuar arbitrario del comité de administración de la comunidad demandada.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia que impugnó la licitación de «Provisión de Personal Auxiliar de Obra Menor y Administrativo para la Municipalidad de Puchuncaví, Modalidad 1 o Contratación de Servicios Generales para la Municipalidad de Puchuncaví, Modalidad 2», cuestionada por empresa oferente.

El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad deducido por la demandada en contra de la sentencia, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda.

El proceder arbitrario e ilegal que denuncian vulneraría el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, el derecho de propiedad y el derecho de igualdad ante la ley.

El pronunciamiento de la Corte de Santiago se produjo luego que un grupo de ciudadanos colombianos interpusiera un recurso de amparo contra el Ministerio de Relaciones Exteriores y quienes resulten responsables.