El Tribunal acogió la demanda presentada y ordenó a la empresa Enel Distribución Chile S.A. pagar una indemnización de perjuicios total por $3.216.863, a la demandante que, producto de la caída, resultó con doble fractura de brazo derecho.
El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar presentada en contra de la aseguradora, tras establecer que el contrato del seguro de salud fue suscrito por las partes, más de dos años antes de que se le diagnosticara hepatitis aguda al recurrente.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, pero elevó el monto de la indemnización que había establecido el Sexto Juzgado Civil de Santiago.
Palestina estrena el procedimiento contencioso ante la CIJ en su condición de Estado, reafirmando nuevamente su confianza en el derecho internacional.
La instancia citó al doctor Rodrigo Aranda con el objetivo de oír una detallada presentación sobre la importancia de esta disciplina oriental en la prevención y recuperación de enfermedades sin el consumo de medicamentos.
Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, o el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Públicas de 1950, establecen que la libertad de expresión no es absoluta, sino que tiene límites legales.
El Consejo de Transparencia se suma a los reclamos generados en organizaciones anti corrupción ante publicidad de nueva versión del clásico juego de Monopoly.
Diputados ratificaron los cambios hechos por el Senado a la propuesta legal, los cuales apuntaron, entre otros aspectos, a perfeccionar las normas del secreto bancario y el acceso a información sensible por parte del SII y la UAF.
El máximo Tribunal estableció que en la especie no se configura la falta de servicio del Hospital del Salvador al no intervenir quirúrgicamente al demandante y esperar la evolución del cuadro clínico.
El máximo Tribunal señala que en lo que se refiere al diseño del procedimiento de remoción propuesto, éste resulta razonable, toda vez que contempla como trámite el traslado que se debe conferir al acusado para que conteste la acusación, con un plazo apropiado.
