El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el derecho a la defensa jurídica y a un procedimiento racional y justo, ya que impide someter a una segunda revisión la decisión acerca de la incompetencia del tribunal.

La imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, actualmente vigente en contra de los amparados, se produjo dentro de un proceso judicial, en el cual se han respetado las garantías de los imputados y se han observado los principios formativos del proceso penal.

La información personal contenida en la declaración jurada es una afrenta directa a la dignidad del cónyuge por derecho propio. La información llega al núcleo tanto del testigo como del cónyuge como seres humanos en su momento más vulnerable. Se revelaría información muy sensible y profundamente personal que comprometería directamente el interés de la dignidad del cónyuge de la víctima.

Esto es así para evitar un doble pago injusto en contra del demandado, por lo que las eventuales lagunas previsionales que se registren durante el período que se mantuvo vigente la relación entre las partes, son de exclusiva responsabilidad del trabajador.

La demandada pagó parcialmente al contado las facturas reclamadas, y luego, se asiló en que los documentos consignaban la modalidad de pago “al contado” para argumentar que no existían montos insolutos. El máximo Tribunal confirmó la decisión de los jueces de segundo grado, al observar que la recurrente no denunció ninguna norma decisoria, intentó asentar nuevos hechos, y acusó en sede de nulidad sustancial un vicio probatorio que debió impugnar vía casación en la forma.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, la igual protección en el ejercicio de los derechos, el debido proceso, el principio de inocencia, de libertad de apreciación de la prueba y de la carga de la prueba, ya que el único medio por el que se lo condena son las presunciones judiciales que se obtuvieron tras las declaraciones judiciales que se realizaron durante el sumario sin presencia de un abogado defensor.

No basta para cumplir con las exigencias básicas del debido proceso que el acusado haya tenido patrocinio letrado de manera formal, sino que es menester además que aquel haya recibido una efectiva y sustancial asistencia de parte de su defensor.

La requirente alega que la norma objetada infringe la igualdad ante la ley, la igual repartición de las cargas públicas y el derecho de propiedad, ya que el MOP la instó a no detener la construcción de las obras del Aeropuerto pese a la pandemia del COVID-19 como si se estuviera frente a tiempos de absoluta normalidad.

Los Estados miembros distintos del Estado miembro de origen del servicio en cuestión no pueden adoptar medidas de carácter general y abstracto aplicables indistintamente a cualquier prestador de una categoría de servicios de la sociedad de la información.

El caso López Sosa vs. Paraguay, recientemente resuelto por la Corte IDH, ilustra la relevancia de cumplir con estándares de derechos humanos en medio de las crisis carcelarias que afectan a la región.