El Segundo Tribunal Ambiental, por dos votos contra uno, rechazó la reclamación presentada por la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico Cultural de Viña del Mar que buscaba invalidar el permiso ambiental del proyecto Hotel Punta Piqueros. A lo largo de la sentencia, el Tribunal descartó las distintas alegaciones formuladas por la Corporación, respecto a […]

El máximo Tribunal consideró que obligar al imputado a asistir a todas las audiencias de un juicio oral que se prolongará por más de un año podría implicar una restricción a la libertad y ser una pena anticipada.

Se trata de bienes que no le pertenecen a la recurrida, por lo que afecta la garantía consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental.

No obstante, las recurridas deben abstenerse de volver a publicar el reportaje, ordena la Corte.

El sentido de la admisibilidad es restringir el origen de discusiones legislativas que comprometen directamente al Estado en diversas materias, principalmente presupuestarias.

Existió un accionar ilícito (elemento objetivo) consistente en el incumplimiento contractual en relación a las cualidades de la cosa entregada. Respecto del elemento subjetivo, la negativa y desconocimiento del derecho del actor y la consecuente persistencia en la negativa a dar una solución definitiva constituye una actuación prácticamente dolosa de no querer cumplir.

Los contratos entre la administración del Estado y sus dependientes gozan de presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido y no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido.

Para reconocer el avance en la reforma policial que ha alcanzado la Policía de Investigaciones de Chile.

El Estado ha pagado las cantidades fijadas por concepto de daño inmaterial. Sin embargo, se debe mantener abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de la única medida de reparación pendiente relativa a continuar en un plazo razonable y con las debidas diligencias, las investigaciones relacionadas con los hechos de tortura para sancionar a los responsables.

Sólo pueden ser considerados obligatorios los acuerdos voluntarios de la Municipalidad con tales organizaciones, pues no se puede conceder un carácter vinculante a las consultas indígenas –tal efecto no se desprende del ordenamiento jurídico-.