Los diputados piden al Gobierno que establezca medidas tendientes a separar a todos quienes ejercen cargos políticos y funciones públicas en nuestro país de las actividades ilícitas del narcotráfico y su poder de corrupción, protegiendo los intereses públicos de los riesgos que generan.
Actualmente algunos de los materiales que han sido utilizados por el Centro Andrés Bello se encuentran en exposición en la sala del Museo Gabriela Mistral, el cual va a estar durante todo el 2018, en una exposición denominada «Momento Constituyente».
Gracias a un algoritmo de «morphing», la compañía israelita Yoto Media ha obtenido una importante base de datos privados.
Aplicó, además, al sentenciado las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos; y le prohibió acudir a la Municipalidad de Llanquihue.
En julio de 2016 se había instruido una investigación sumaria al notario Alarcón con el propósito de indagar sus actuaciones en relación a denuncias realizadas ante la Inspección del Trabajo.
En la resolución el Ministro en visita acusó a Jorge Enrique Schweizer Gómez y Marcial Edmundo Vera Ríos, como autores del delito perpetrado el 20 de octubre de 1973, en la comuna de Lautaro.
El órgano plantea que en ese país las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto, prohibido en todas las circunstancias. Los fiscales suelen acusarlas de ?homicidio? o incluso ?homicidio agravado?, que entraña una pena de hasta 50 años de prisión.
De acuerdo a información disponible, la CIDH señala que el 5 de febrero la bloguera fue víctima letal de un ataque con arma de fuego perpetrado por individuos que irrumpieron en un restaurante que era de su propiedad en la zona de Costa Azul, municipio de Acapulco.
Para pronunciarse acerca de la admisibilidad del requerimiento la Sala designada por el Presidente del TC confirió ?traslado a las demás partes de la gestión invocada, por el término de diez días?.
Para pronunciarse acerca de la admisibilidad del requerimiento la Sala designada por el Presidente del TC confirió ?traslado a las demás partes de la gestión invocada, por el término de diez días?.
