El Tribunal de alzada condenó a penas de 7 años de presidio a los agentes César Manríquez Bravo, Pedro Espinoza Bravo y Raúl Iturriaga Neumann.
La sentencia del máximo Tribunal establece que el Tribunal de alzada cometió falta o abuso al dictar el sobreseimiento en etapa temprana de la investigación y con diligencias pendientes.
El Consejo para la Transparencia señala que como no se pudo abrir el archivo acompañado por el reclamante, concluye declarando inadmisible la presentación realizada, por no subsanar dentro del plazo correspondiente los defectos de la presentación.
El órgano contralor hace presente que la preceptiva que regula la probidad administrativa concibe a ésta como una directriz que se impone a los servidores de la Administración del Estado y no a los órganos respectivos.
En su sentencia, la Corte expone que el Servicio de Registro Civil e Identificación reconoce en su informe, expresamente, que los menores, les asiste el derecho de representar a su padre, en la sucesión de la causante.
La gestión pendiente invocada recae en un proceso penal seguido ante el Juzgado de Garantía de Coronel por el delito porte ilegal de arma de fuego.
La sentencia señala que si el objetivo de los llamados telefónicos es poner en noticia al deudor de su morosidad, ésta se logra con una de dichas comunicaciones, pero la obstinación es la actuación que resulta desproporcionada e injustificada.
En cuanto a la posibilidad de la peticionaria que el referido permiso sea traspasado al padre del menor, la Contraloría prescribe que en caso que el padre y la madre sean trabajadores, ambos podrán acordar que sea el padre quien ejerza el derecho.
La Contraloría concluye señalando que también debe objetarse que la imputación presupuestaria contenida en el N° 2 del instrumento en examen solo comprende la primera cuota de la compensación fijada por el acuerdo de que se trata.
Ministro en visita Alejandro Madrid condenó, entre otros, al abogado Óscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud a la pena efectiva de 7 años de presidio más accesorias legales, en calidad de autor del delito perpetrado a partir del 13 de septiembre de 1973.
