El Tribunal condenó al facultativo a pagar a la víctima la suma de $3.939.851 por daño emergente, y $50.000.000 por daño moral.
El Tribunal de alzada rechazó la acción judicial, tras considerar que los recurridos ha adoptado una serie de medidas sanitarias tendientes a velar por el resguardo de la salud de funcionarios y usuarios.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia que dio lugar a la demanda civil de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual, deducida por Lampe & Schwartze Bremen, y que ordenó a las demandadas Maersk Line y de A.P. Moller, pagar solidariamente la suma de US$ 484.309,38; y la denegó en la parte subsidiaria de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad deducido por la parte demandada en contra de la sentencia, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda.
El ente contralor adujo que corresponde a las seremis de salud fiscalizar medidas sanitarias adoptadas por el brote de COVID-19.
Ello pese a haber marcado sus respectivas tarjetas al inicio y término de la jornada laboral.
No resulta jurídicamente aceptable que la municipalidad se desentienda de sus obligaciones bajo pretexto de corresponder su cumplimiento a otras reparticiones públicas.
Un Juzgado Penal de Primera instancia absolvió al hombre al considerar que no hubo delito, pero el Tribunal Superior revocó esa decisión y lo condenó a seis años de prisión. El caso llegó hasta la Corte Suprema y la Sala Penal absolvió al hombre y levantó la orden de captura que tenía vigente.
No tener una institucionalidad migratoria actualizada, moderna y clara, que permita al país enfrentar los nuevos fenómenos de presiones migratorias que se darán tras la crisis sanitaria del Covid-19 y la crisis social asociada, deja a nuestra nación sin las herramientas para enfrentar este desafío.
Vulnera las garantías de igualdad ante la ley y propiedad.
