Concluye el autor expresando que el problema principal que surgía de la norma votada en Diputados radicaba en que no se admitían en ella objeciones institucionales o corporativas.
La gestión pendiente incide en autos sobre procedimiento de tutela laboral, seguidos ante el Segundo Juzgado de Letras de Vallenar.
Se fundó en la respuesta incompleta o imparcial acerca de la existencia de procedimientos sumariales no afinados.
El requirente estima que los preceptos impugnados infringirían el debido proceso y la igualdad ante la ley.
La decisión fue adoptada con las prevenciones del Ministro Prado y el Abogado Integrante Gómez.
La Corte Suprema argentina declaró que el asunto debe enviarse al Juzgado de Garantías n° 3 del Departamento Judicial de La Plata.
La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de apelación de protección, de que conoce la Corte Suprema.
La juez de la instancia entendió que la sanción legal, sólo podía comprender aspectos del derecho contractual individual laboral y no al colectivo.
La accionante indicó que se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la justicia, al habeas data y a vivir una vida libre de violencia de género.
La gestión pendiente incide en autos sobre reclamación judicial ambiental, seguidos ante el Primer Tribunal Ambiental, en actual conocimiento de la Corte Suprema.
