La sentencia señala que, el Acuerdo reclamado no se hace cargo de la fórmula por la cual las organizaciones de la sociedad civil debidamente inscritas y que no participen en comandos, podrán concurrir en la determinación de sus apoderados.
Permite la utilización de la receta digital.
Reclamante señala que la RCA del proyecto debió ser dejada sin efecto en la sede administrativa, en tanto es un acto administrativo terminal de un procedimiento de evaluación ambiental con vicios esenciales de nulidad.
El máximo Tribunal estableció que la normativa especial que rige los créditos destinados a financiar los estudios de educación superior, prevalece por sobre las normas generales que regulan el procedimiento de liquidación concursal.
El Tribunal condenó en costas a los demandados, tras establecer que en la especie concurren los requisitos de la responsabilidad vicaria en el accidente de tránsito registrado en abril de 2018, en la comuna de Maipú.
El Tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la medida cautelar de prohibición de salir del país de los imputados, por considerarla proporcional a los fines de procedimiento. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación.
El máximo Tribunal rechazó el recurso especial por falta de fundamento.
El máximo Tribunal hizo lugar al recurso tras establecer la existencia de relación laboral entre las partes.
El Tribunal de alzada descartó que la información que ordenó entregar el Consejo para la Transparencia a las administradoras de fondos de pensiones, esté cubierta por causal de reserva.
El Tribunal desestimó la alegación presentada por la sociedad educacional en contra de la resolución dictada por la Inspección Provincial del Trabajo Santiago Oriente.
