Marcelo Drago calificó positivamente los mandatos de administración informados por Piñera, haciendo hincapié en que quienes asuman un cargo público, deben cumplir con esta y otras normas de probidad.
Los diputados expresaron su más rotundo rechazo a las acciones con las que el régimen del Presidente Nicolás Maduro desconoce las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional de Venezuela.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que condenó a Jacob Nestinoble, a la empresa constructora Christian Ayala EIRL y al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de la Quinta Región.
El Tribunal de alzada estimó que no existe infracción en las autorizaciones otorgadas por la Municipalidad.
No se han desvanecido los elementos objetivos que configuran el riesgo de que el encausado persevere en alcanzar su objetivo.
El Magistrado afirmó que «lo que estamos realizando desde febrero de 2018, son excavaciones en un lugar de Neltume, que habría sido señalado por testigos como el lugar donde eventualmente podría estar enterrado el cuerpo de Emilio Betanzo Ortega?.
El Tribunal de alzada dio lugar al recurso, tras establecer el actuar arbitrario, caprichoso y carente de razonabilidad de la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor.
El Tribunal de alzada rechazó los recursos de nulidad interpuestos por las partes y ratificó la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Calama, el 19 de diciembre pasado, que acogió la demanda laboral por despido indirecto y cobro de prestaciones laborales.
La ceremonia de carácter republicano, es una de las más significativas de los actos del Cambio de Mando, puesto que es una sesión de Congreso Pleno que tiene sus antecedentes históricos hacia 1826 cuando se modificó legalmente el cargo de «Director Supremo», ligado al liderazgo militar que ostentaron los próceres de los primeros años de las Guerras de Independencia, por el de «Presidente de la República».
La iniciativa establece por ley que el uso o destino de las aguas tratadas puedan aportarse a los procesos de riego o de operaciones mineras, a fin de optimizar el recurso hídrico.
