Constituye una vulneración de derechos fundamentales, y también constituye un delito de acción penal pública.
La sentencia establece que los visionados de videos y capturas de pantalla realizados por un funcionario, no son suficientes para adquirir certeza probatoria.
La sentencia señala que de la prueba documental se desprende que se sanciona al denunciante ‘por no seguir las normas de personas bien educadas y por no llevar una vida sobria y honorable'.
El máximo Tribunal señala que ninguna diligencia de investigación fue dirigida en contra del requerido antes de que fuese hallado el cuerpo sin vida de la víctima, a partir de la presencia policial en el sitio del suceso a petición expresa de los familiares de ésta.
El CPLT concluye acogiendo parcialmente el amparo, sólo respecto informe contenido en el oficio Ord. N° 19 de fecha 19 de enero de 2017.
El Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota deberá iniciar el procedimiento disciplinario comprometido en su respuesta.
La gestión pendiente incide en autos criminales por delito de secuestro calificado, sustanciados ante la Ministra en Visita Extraordinaria Marianela Cifuentes Alarcón.
Concluye la Corte de Santiago manifestando que no existe acto alguno reprochable a la recurrida que signifique una ilegalidad o arbitrariedad.
La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Pozo, quien estuvo por considerar que concurre la causal de inadmisibilidad contemplada en el N° 6 del artículo 84 de la LOCTC.
La CC colombiana resolvió revocar el fallo de tutela impugnado, ordenando que se tutele el derecho a la salud de varios individuos afectados.
