Los reclamantes sostienen que, previo a la aprobación ambiental y ejecución del Proyecto, debió realizarse un proceso de consulta indígena.
La FSIA, por sus siglas en inglés, establece una normativa especial que permite demandar a un país extranjero en las Cortes de EEUU, sea estatal o federal, cumpliéndose determinadas circunstancias.
En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que el requerimiento cumple con lo dispuesto en el artículo 84 de la LOCTC.
El ente contralor adujo esto, en la medida que la decisión sea formalizada mediante la dictación del acto administrativo pertinente, debidamente fundamentado en la necesidad de resguardar la salud de la población.
La Corte de Santiago indicó que, el reproche de la recurrente más bien apuntó a la valoración de la juez a quo para configurar los indicios.
Esto, a propósito de requerimiento de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Superintendencia de Pensiones.
Desestimó el recurso de una fabrica de galletas españolas que buscaba inscribir su marca ilustrando dos galletas negras con crema blanca como relleno.
La Corte Suprema señaló que, si la Administración pretendió ejercer la facultad de invalidación de sus actos, debe necesariamente oír al interesado.
La Municipalidad suspendió los permisos de uso de bien nacional de uso público.
La Corte Constitucional analizó la información remitida tanto por el Consejo de Judicatura como por la Defensoría del Pueblo del Ecuador.
