El máximo Tribunal confirmó la sentencia que desestimó la acción cautelar presentada por la defensa, tras establecer que la alerta roja en contra de Garay Pita se dictó ajustada a la ley.
La gestión pendiente invocada recae en un proceso penal seguido ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, por el delito de tenencia ilegal de municiones.
La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Sra. Sandoval y del abogado integrante Sr. Prado, quienes fueron de parecer de rechazar el recurso en estudio.
La sentencia concluye expresando que se ha vulnerado el artículo 24 de la Carta Fundamental, debiendo la Municipalidad de Temuco cesar inmediatamente los descuentos efectuados.
La Corte consideró que el Estado denunciado no demostró haber adoptado medidas específicas, ni actuó con la debida diligencia, para prevenir la forma contemporánea de esclavitud.
Se concluye señalando que el fallo impugnado estableció de manera correcta el sentido y alcance, en términos abstractos, de la regla en cuestión.
Las tres gestiones pendientes inciden en autos de reclamación de ilegalidad, de los que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago.
La iniciativa fue derivada a la Comisión de Cultura para su análisis en particular.
El senador Espina explicó que la iniciativa busca que cuando se trate de una persona condenada, y tenga una enfermedad terminal certificada por el Instituto Médico Legal o que le signifique un deterioro grave, psicológico o mental que le impida desenvolverse por sí misma, el juez pueda, considerando los certificados médicos, permitir que cumpla su pena en su casa.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia, dictada el 21 de junio pasado por el Juzgado de Policía Local de Machalí, al establecer la tala ilegal.
