La iniciativa persigue promover la innovación, mejorar la productividad, acelerar la modernización del Estado e incorporar la noción de economía del futuro.
“La movilidad del siglo XXI plantea la necesidad de reformular el añejo anclaje territorial en que se enclaustra la institución de la ciudadanía, mediante la creación de una nueva institucionalidad dinámica, flexible y, en definitiva, apta para un ejercicio efectivo y no discriminatorio de los derechos y deberes ciudadanos”.
La Comisión Interamericana ya había concluido que Ecuador violó los artículos 8, 9, 14 y 25 de la Convención Americana, sobre garantías judiciales, principio de legalidad, libertad de pensamiento y expresión y protección judicial.
La acción se dedujo contra la resolución de la Dirección del Trabajo.
El texto, elaborado por las investigadoras Paula Medina y Carolina Gómez, será presentado este viernes 18 de junio a las 10:30 horas, a través de El Mostrador y el canal de Youtube de ONCO. Asimismo contará con la presencia de los constituyentes electos Felipe Mena (UDI-Vamos por Chile) y Natalia Henríquez (Lista del Pueblo).
El máximo Tribunal desestimó el recurso impetrado en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que confirmó la de primer grado que acogió la demanda y que estableció que la no renovación se basó en discriminación en razón del sexo de la demandante, vinculado a los derechos a la maternidad.
Se aplica en aquellos casos en los que no se puede demostrar qué fue lo que provocó el daño pero, mediante el estudio de las circunstancias que lo rodearon, se puede llegar a deducir que ha sido por la negligencia o falta de acción de una persona.
Las medidas para reducir a la mitad las emisiones de CO₂ en el país fueron rechazadas por un 51% de los votos, a pesar de contar con el apoyo de todos los partidos políticos, excepto la ultraderecha.
El Tribunal de alzada dejó sin efecto la sanción de suspensión de la patente de preparador de caballos de carrera por seis meses y la multa de 40 UF aplicada por la recurrida, con vulneración a las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y a un debido proceso.
La idea es que toda institución de salud cuente con un protocolo universal en caso de muerte perinatal, con manejo clínico y acompañamiento psico-emocional.
