El Tribunal de alzada ratificó la sentencia que condenó al ex empleado civil de la Armada Mario Galarce Gil y al funcionario de Ejército en retiro Francisco Orellana Seguel, a penas de 15 años de presidio, en calidad de autores del delito.
El Tribunal rechazó la demanda presentada por la empresa Parque Titanium S.A., al no lograr acreditar que existiera un protocolo suscrito con el Ministerio de Obras Públicas para financiar obras adicionales.
La gestión pendiente incide en autos sobre cobranza previsional, sustanciados ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de La Calera.
La decisión fue adoptada con el salvamiento de voto de los Magistrados Guerrero Pérez y Bernal Pulido.
La decisión de no suspender el procedimiento fue acordada con el voto en contra del Ministro Pozo.
La Magistratura Constitucional española acordó la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados.
Se condenó al denunciado al pago de una suma ascendente a $511.350.000, por su responsabilidad en la corta ilegal de madera sin Plan de Manejo.
Argumentan que se contraviene la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La gestión pendiente incide en un recurso de reclamación de que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago.
La decisión se acordó con el voto en contra de la Ministra Chevesich, quien estuvo por rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia.
