El máximo Tribunal señala que se debe «generar una legislación que proteja a los adultos mayores de eventuales perjuicios que podrían ocasionárseles con motivo de la enajenación de inmuebles de su propiedad en condiciones desfavorables para sus intereses”.
El Tribunal de alzada ratificó la resolución impugnada, dictada por el Segundo Juzgado Civil de la ciudad, que estableció que la embarcación, inscrita en el registro pesquero en Lebu, Región del Biobío, fue sorprendida con más de una tonelada de reinetas en la bahía de Chauihin, en la Región de Los Ríos.
La condena del actor fue consecuencia de una actuación de la judicatura militar carente de elementos de convicción que la fundamentaran racionalmente.
La iniciativa pasó ahora a segundo trámite legislativo al Senado.
El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación y confirmó la resolución que condenó al municipio a pagar a los familiares de paciente.
El máximo Tribunal establece que tratándose de una determinación que proviene del arbitrio unilateral del trabajador, se exige que tal manifestación de voluntad se sujete a ciertas formalidades que garanticen su validez protegiendo sus derechos.
La iniciativa permite que esta figura asuma la totalidad de las funciones de los sostenedores, respecto de los establecimientos educacionales bajo su dependencia.
En la resolución, no se dio lugar a la excepción planteada por el Fisco, que argüía que la familia de la víctima había obtenido una reparación por el mal causado, al recibir una pensión de la Comisión Verdad y Reconciliación o Comisión Rettig.
En el evento se reunieron representantes de Australia, Chile, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Malasia, México, Perú, Rusia, Tailandia y Vietnam.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario del Municipio al cancelar la patente concedida a los representantes de la Sociedad de Inversiones Boulevard Central Ltda.
