En la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT) se subrayó que acorde al tipo de función que desempeñan los funcionarios del Estado “están sujetos a un nivel de escrutinio público de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus funciones”.

El titular del proyecto corresponde a Mina Uva, localizado en la comuna de Catemu, zona declarada recientemente como “latente por dióxido de azufre” y que desarrolla sus actividades al interior del Sitio Prioritario de Conservación Cordillera El Melón, establecido como tal en la Estrategia Nacional de Biodiversidad (2003). 

Argumenta que la aplicación de los artículos objetados es objetivamente incompatible con la presunción de inocencia y con la exigida certeza más allá de una duda razonable para condenar a un imputado.

Por existir otros funcionarios calificados no incluidos en Lista Anual de Retiros, se exigía la justificación de la decisión impugnada.

La ley establece claramente cuál es la conducta prohibida y un rango de multas para infracciones.

La recomendación no se limita a los casos sometidos al conocimiento de la Comisión Interamericana, sino que cuestiona de modo general la normativa en que se fundó la rebaja de las penas.

Al resolver no dar lugar a la apelación deducida, se le impide a la requirente a acceder a la segunda instancia.

El ente contralor recalcó que las autoridades municipales deben desempeñar su funciones con la más estricta imparcialidad y probidad.

Los requirentes solicitaron el servicio de alcantarillado para cinco inmuebles que les pertenecen. La solicitud se hizo a la empresa Esval S.A. que es la concesionaria de servicios sanitarios, la que, para prestarlo, puso condiciones que los requirentes estimaron abusivas e ilegales.

Será la primera vez que la Corte Suprema se pronuncie sobre el grado de autoridad que tienen las instituciones para controlar las expresiones de los estudiantes en estas circunstancias.