La divulgación de la información es trascendental para efectos de generar confianza pública ante la ausencia de coordinación y lineamientos precisos por parte de los organismos multilaterales y de los diversos Estados, sobre el control, distribución y transparencia del proceso de vacunación mundial.

El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que consagró la de primera instancia que acogió la denuncia.

El proyecto también permite facultar al Presidente para utilizar una atribución de manera extraordinaria para el resguardo de determinadas áreas de las zonas fronterizas del país, de manera temporal y especialmente limitada, y con atribuciones y deberes específicos.

El 10 de enero de 2023 se publicó en el Diario Oficial el decreto supremo N° 41 de 21 de abril de 2022 que aprobó el reglamento sobre cuidados paliativos y los derechos de las personas que padecen enfermedades terminales o graves.

La sentencia rechazó cada una de las alegaciones de los reclamantes asociadas a un eventual emplazamiento de dicho humedal fuera del límite urbano; la proporcionalidad de la declaratoria; la debida fundamentación de la resolución que declaró el humedal; la posible vulneración al derecho de propiedad; y una eventual infracción al artículo 8, número III, literal b) del Reglamento de Humedales Urbanos.

No se aprecian irregularidades en la publicación del órgano público. La Ley 18.575 le impone a los órganos de la Administración del Estado la obligación de rendir una cuenta pública participativa a la ciudadanía de la gestión de sus políticas, planes, programas, acciones y de su ejecución presupuestaria.

Requirente señala que normas vulneran la Igualdad ante la Ley, los Principios de Razonabilidad y Proporcionalidad, además de constituir una sanción injusta, gravosa, arbitraria y que afecta el Debido Proceso.

Después de casi 11 años se deja atrás el sufragio voluntario para incrementar la participación y legitimidad democrática.

El tribunal tiene la facultad incluso de oficio de decretar la cautelar más intensiva cuando considerare que el imputado pudiere incumplir con su obligación de presentarse a los actos de procedimiento de ejecución de la sentencia, situación que ocurrió, ya que el amparado no fue habido en el domicilio en donde debía permanecer y actualmente se mantiene prófugo.

En caso alguno, ha cometido ilegalidad o arbitrariedad que afecte la garantía constitucional del amparado, ya sea en sede de privación, perturbación o amenaza, sino que pura y simplemente se ha limitado a ejercer las facultades que le confiere la Constitución.