Al concluir la sentencia que, con ocasión del despido, la actora fue afectada en su integridad psíquica sin que exista un antecedente médico que así lo corrobore, sino basado solo por la apreciación de dos testigos que -sin ser médicos o entendidos en esa materia- así lo aseguran, ha establecido una premisa fáctica que está controvertida.

En contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Valparaíso y de la Gobernación Provincial de Petorca.

Sentencia indicó que se mencionó como motivo de la desvinculación el otorgamiento de sucesivas licencias médicas, lo que está en concordancia con la injustificación de los hechos de la causal.

Al respecto, la Magistratura constitucional colombiana adujo que la Corte Suprema incurrió en una violación directa de la Constitución, por desconocimiento del derecho a impugnar la sentencia condenatoria, y a la norma que incorporó en Colombia la figura del bloque de constitucionalidad.

La Corte de Santiago indicó en su sentencia que, el hecho que la sanción administrativa conlleve una sanción pecuniaria no la transforma per se en una falta penal.

Los plazos estuvieron suspendidos desde el 17 de marzo de 2020 al 20 de mayo de 2020.

Colombia estaría espiando a periodistas, operadores de justicia, personas defensoras de derechos humanos y líderes políticos.

El objetivo principal del proyecto ingresado es evitar la comisión de estos delitos en tiempos de pandemia o catástrofe.

Los recurrentes estimaron vulneradas las garantías del artículo 19 numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la República.

La sentencia recurrida consideró que la prueba ahora anulada era lícita puesto que sirvió para constatar que el demandante realizaba actividades profesionales como abogado durante su jornada de trabajo.