El TEDH concluyó considerando que la afectación de la libertad de expresión de las empresas accionantes era necesaria en una sociedad democrática.
La presunta masacre sería una de numerosas denuncias de parte de comunidades indígenas.
El organismo internacional se sumó a otras instituciones, que ya se habían expresado en contra de avanzar en la medida.
El actuar del servicio recurrido revistió el carácter de ilegal y arbitrario.
El Tribunal acogió la solicitud de los intervinientes y tanto el Ministerio Público como la Defensoría renunciaron a los plazos para la interposición de recursos.
El máximo Tribunal ordenó a la Corporación Nacional del Cobre a pagar $40.000.000 a los hijos de trabajador que desarrolló enfermedad profesional y que murió en 2008, producto de la silicosis.
Se estableció que Marcos Castro Rantul y Luis Bravo Bórquez se coludieron para enajenar bienes del primero, para evitar el pago de las indemnizaciones laborales ordenadas por el tribunal.
Se apoya la resolución en los dos informes médicos emitidos sobre el estado de la gestante.
Esta es la tercera vez que SQM intenta reservar información relativa a la exportación de litio en nuestro país.
Al existir una falta de cultura de seguridad informática, no hay una previsión de contar con un protocolo de actuación frente a estos casos.
