La recurrente estimó vulnerada su garantía del artículo 19 numeral 24 de la Constitución Política de la República.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, dictada por el Vigésimo Quinto Juzgado Civil de Santiago, con declaración de que se eleva a $5.000.000 la suma que la demandada deberá pagar a la trabajadora por concepto de indemnización de perjuicio por el daño moral sufrido.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso de apelación presentado en contra de la resolución que denegó la prisión preventiva de los ejecutivos y jefes de área de la Empresa Nacional de Petróleo.
Todos los procedimientos seguidos ante el Tribunal serán tramitados de manera electrónica, de conformidad con lo establecido en el Auto Acordado y sin perjuicio de las excepciones establecidas en él.
En las próximas semanas, los integrantes de la instancia deberán despachar a la Sala la propuesta para que pase a segundo trámite. El gran desafío está en asegurar que existan los fondos necesarios para cumplir con todo el Plan Nacional ya en marcha.
El Capítulo XV de la actual Carta Fundamental pasará a denominarse «Reforma de la Constitución y del Procedimiento para Elaborar una Nueva Constitución de la República».
El máximo Tribunal rechazó el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la demandada, en contra de la dictada por la Corte de Santiago, tras establecer que no se allegaron sentencias de contraste que revelen interpretaciones encontradas sobre la materia.
El Tribunal tuvo presente que por haberse acreditado un delito de homicidio en grado de consumado y atribuido la calidad de autor al acusado, del que ha resultado culpable, la pena abstracta aplicable, es presidio mayor en su grado medio, conforme modificación de ley N°20.799
En sesiones sucesivas los congresistas han escuchado a actores de la industria lo que han hecho ver algunas distorsiones de la industria como es la competencia por marca y la baja que podrían experimentar solo los medicamentos bioequivalentes.
La Sala contempla discutir, en primer lugar, la propuesta que rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica, para continuar con el proyecto que establece un subsidio estatal para sustentar un ingreso mínimo garantizado.
