El Tribunal estableció que entre J.M.U.P. y el padre de los demandados existió una relación de convivencia de 24 años, periodo durante el cual se acumuló el cuantioso patrimonio familiar.
El máximo Tribunal confirmó la sanción aplicada por la autoridad fiscalizadora por la reiteración de las gravísimas infracciones cometidas por la empresa.
La senadora se refirió al retraso en la resolución que debe ser tomada por la Comisión Nacional de Distorsiones de Precio.
El Tribunal ordenó la internación del requerido debido a que padece síndrome esquizomorfo, patología mental que requiere de tratamiento especializado para controlar impulsos suicidas y de peligro para terceros que reviste.
Los principales reclamos apuntan a problemas de información frente a alzas de arancel y modificación de las mallas académicas, problemas para tomar ramos, entre otros.
Las cifras de 2018 indican que los desafiliados presentan una desconfianza absoluta hacia las Iglesias y organizaciones religiosas.
La Corte Suprema concluyó revocando la sentencia apelada, y en su lugar dispuso que se rechaza la acción de protección deducida.
De acuerdo al autor, las exigencias privadas a través de la autorregulación no llegan a garantizar con plenitud los derechos de los afectados.
La servidora no se encontraba expresamente amparada por fuero maternal, en virtud de lo dispuesto en su contrato y, además, a esa data, el servicio desconocía su embarazo.
La gestión pendiente incide en autos sobre tutela laboral, seguidos ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
