Frente a las numerosas denuncias que se han conocido por encontrar personas fallecidas en el Padrón Electoral, urge corregir la legislación en esta materia.
El Juzgado de Policía Local requirió el registro de entrevistas a consumidores del servicio de transporte para dar sustento a lo consignado por el fiscalizador en el acta que, a su juicio, no lograba dar convencimiento por sí solo de los hechos allí expuestos.
Además, como se interpuso solamente un recurso de apelación ante la autoridad municipal, la Corte estableció que no se agotó la vía administrativa, por lo que no se cumple con todos los requisitos formales para la interposición de un reclamo de ilegalidad como el de autos.
El delito de tenencia de municiones debe ser absorbido por el porte de arma de fuego al concurrir en el mismo hecho, por lo que en la especie no correspondía sancionar los dos ilícitos de forma separada.
Si el recurso se construye a partir de antecedentes fácticos diversos de aquellos contenidos en el fallo, la invalidación de la sentencia que se pretende no podrá prosperar.
El nuevo Servicio Nacional, junto con el actual Servicio de Protección de la Niñez, ponen fin al actual SENAME y cambian el enfoque en la forma de abordar la problemática de niños, niñas y adolescentes vulnerables y los infractores de ley.
Cuando la determinación de la competencia de un órgano se torna controvertida y dudosa, y no se han afectado suficientemente derechos fundamentales, su elucidación corresponde a las instancias ordinarias y no a la jurisdicción constitucional.
La instrucción penal en España se fundamenta en un sistema inquisitivo. Es el Juez quien busca las evidencias para decidir si debe o no llevar a juicio a un determinado sujeto por la realización de un hecho concreto, por lo que a él compete ordenar la práctica de cuantas diligencias considere de interés para determinar si el hecho investigado es indiciariamente cierto, si en tal caso, es constitutivo de algún delito y quién podría ser su autor, en tal caso.
En el caso no habría censura, ya que se trata de noticias y difusiones que fueron reproducidas por aproximadamente 24 años. Tiempo por demás razonable para archivar noticias difamatorias en su momento que al día de hoy carecen de relevancia pública.
A nuestro juicio la promesa y acuerdo de aprobar para reformar es una opción muy difícil de materializar.
