El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda, que rechazó la excepción de prescripción opuesta por la demandada y le ordenó pagar las sumas de $1.842.850 de indemnización sustitutiva de aviso previo; $14.742.800 de indemnización por 8 años de servicios, con recargo legal del 50% ($7.371.400); $2.825.703 por feriado legal y proporcional; más en entero de las cotizaciones previsionales, salud y seguro de cesantía adeudadas al demandante, por todo el periodo trabajado, entre el 7 de mayo de 2013 y el 17 de diciembre de 2020.

La ausencia de parámetros objetivos para que el juez rebaje el precio mínimo de la subasta contraviene la igualdad ante la ley y su derecho de propiedad, alega el requirente.

El personal observó la errática forma de conducir del imputado, que al ser fiscalizado y controlado, le fue encontrada una pistola con su respectiva munición entre sus ropas, por lo que fue detenido y puesto a disposición de la justicia al no contar con la autorización para el porte del arma y las municiones.

El acusado fue condenado en 2014 como autor del delito de manejo en estado de ebriedad, ilícito que volvió a cometer en 2021, no obstante, el juez de garantía consideró el primer delito para aumentar la cantidad de años de suspensión de licencia de conducir, en circunstancia que aquel se encontraba prescrito.

También se impugnan las normas que sancionan al empleador con la nulidad del despido. La requirente alega que son contrarias a la igualdad ante la ley, al derecho a defensa, a un justo y racional procedimiento, y no contribuyen la certeza y estabilidad de las relaciones jurídicas.

La moción en honor al mártir de la institución, el sargento primero Gabriel Gallegos, aumenta las penas a los delitos cometidos en contra de estos efectivos, entre otros aspectos.

El Anteproyecto contempla un catálogo amplio y robusto de normas que pretenden fortalecer a los partidos políticos, reconociendo su relevancia para toda democracia representativa. Sin embargo, surgen dudas respecto a las normas transcritas recientemente que parecen ser excesivamente intensas.

El alto tribunal señaló a las entidades de salud que deben presentar un informe riguroso para determinar si un procedimiento es de embellecimiento o es para restaurar cierta parte del cuerpo.

El requirente alega que imponerle la carga de probar un hecho negativo es excesiva, tanto más si debe promover el incidente en el breve plazo de 5 días, lo que vulnera sus garantías de igualdad ante la ley y debido proceso, entre otras garantías.

En la resolución se propone que la Academia Judicial dicte de manera suficiente, programas de formación para los actuales y futuros jueces y secretarios abogados de policía local del país. También se plantea instaurar un sistema de tramitación electrónica.