La promoción profesional es un derecho del trabajador cuyo contenido típico es la facultad de acceder a un trabajo más cualificado, o mejor remunerado, o de mejores expectativas. Este derecho tiene tres manifestaciones: el derecho a la formación profesional, el derecho a los ascensos y el derecho a la promoción económica.

Realizó un recuento de sus hitos anuales y destacó el cumplimiento de los 25 años de la adopción del Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI. Además, lamentó los desafíos que ha debido enfrentar la Corte en un mundo cada vez más conflictivo e inestable.

La Decimotercera Sala del tribunal de alzada ratificó íntegramente la sentencia de primera instancia, que rechazó la demanda.

Los exámenes médicos confirmaron la violación y que Georgina Gamboa estaba embarazada y su hija nació en octubre de 1981. Georgina denunció en reiteradas ocasiones haber sido víctima de violación sexual y tortura, pese a recibir amenazas de muerte por ello.

La Octava Sala del tribunal de alzada descartó que la información solicitada a la Municipalidad de Colina tenga el carácter de reservada.

Los recurridos no poseen mejores títulos que los dueños del inmueble, por lo que la ocupación del lugar conculca el derecho de propiedad de los actores. El máximo Tribunal otorgó un plazo de seis meses para el desalojo de los moradores.

Una vecina cerró con portón y candados el único camino que los actores utilizan para acceder a la vía principal, en circunstancia que la franja se encuentra reconocida como camino de servicio en las escrituras de propiedad de todas las partes, verificándose -en la especie- un acto de autotutela por parte de la recurrida.

La acción indemnizatoria contemplada en la letra i) del Nº7 del artículo 19 de la Constitución, debe recaer sobre sentencias dictadas con abierta ilegalidad y arbitrariedad, y en contra de resoluciones cuyo resultado discrepa el acusado.

En su artículo, las autoras analizan los impuestos a las bebidas azucaradas ultraprocesadas desde una perspectiva de derechos humanos.

El máximo Tribunal estimó que el recurso fue presentado fuera de plazo, pues el afectado impugnó el decreto que ordena demoler parte de la ampliación construida, y no accionó por la “amenaza de demolición”, quedando a firme el decreto de demolición dictado por la Municipalidad de Coronel.