Concluyó que la autoridad recurrida se encontraba legalmente facultada para no renovar los servicios a contrata de la actora, puesto que la principal característica de este tipo de vinculación es la precariedad en su duración, supeditada a las necesidades temporales de la entidad administrativa.

El máximo tribunal consideró vulnerado el derecho constitucional de igualdad ante la ley.

El máximo Tribunal ordenó a Sodimac pagar a la demandante Agurtoh Sistemas de Seguridad Ltda., empresa con la que suscribió un contrato mantención de los sistemas de detección de incendios en 11 centros de distribución de la empresa de venta de materiales de construcción.

La directora jurídica del Ministerio Público, Marta Herrera, valoró ante los diputados la iniciativa, no obstante manifestó sus dudas frente a la creación de direcciones de transparencia que propone el proyecto del Ejecutivo, ya que no promovería una respuesta más uniforme.

La decisión fue adoptada con la prevención de los Ministros Aránguiz y Prado.

El Tribunal tuvo por acreditada la vulneración a la integridad psíquica de la demandante.

El máximo tribunal confirmó así la decisión de la Corte de Santiago.

La gestión pendiente incide en autos penales, en los que el requirente fue formalizado por el delito de incumplimiento de la obligación de detener la marcha, prestar ayuda posible y dar cuenta a la autoridad de todo accidente en el cual se produzca lesiones o la muerte de alguna persona.

La actora en primera instancia, desempeñaba la función de desarrollo y ejecución de los diversos procesos administrativos como confección de documentos y atención de público de la oficina del Adulto Mayor de la entidad edilicia.

La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Muñoz.