La iniciativa busca establecer la obligación de los proveedores de internet de restringir a los menores de edad el acceso a sitios con contenido pornográfico, violento, que promuevan el comercio ilícito o que sean perjudiciales para la integridad física o psíquica del menor.

Estos menores ingresos laborales se dan en un contexto de crecimiento económico más bajo y se correlacionan con un menor porcentaje de jefes de hogar ocupados, una disminución en el número de personas ocupadas por hogar y menos jefes de hogar con contrato firmado.

El informe sostiene que no parece haber objeción a incorporar estos delitos a la jurisdicción nacional cuando son perpetrados fuera del territorio chileno, como ha ocurrido anteriormente con otros hechos punibles.

Ministra en visita dictó acusación en contra de nueve miembros del Ejército y Carabineros en retiro, por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado.

Ministro de turno analizó antecedentes vinculados con la ejecución de trabajos sin contar con RCA; además de la afectación y riesgo de daño relacionado con el patrimonio arqueológico, flora y fauna, para concluir eventual inminencia de daño al medio ambiente.

En el proceso de inaplicabilidad se han hecho parte Carmen Frei, el Partido Demócrata Cristiano y el Ministerio del Interior.

El Tribunal de alzada establece que no se constatan o aprecian actuaciones defectuosas en los procedimientos de investigación, «respecto de la diligencia consistente la realización del Protocolo de Estambul por parte del Servicio Médico Legal a la víctima».

La instancia escuchó la exposición del Comandante en Jefe de la FACH, General Jorge Robles, y analizaron la situación de la presencia chilena en el continente antártico y la necesidad de renovación de material e inversiones.

A la jornada de trabajo de la Comisión asistieron Álvaro Flores, presidente de la Asociación de Magistrados Poder Judicial; Enrique Navarro, profesor de Derecho Constitucional; y Humberto Nogueira, abogado defensor de Derecho Constitucional.

El Tribunal de alzada confirmó la resolución apelada, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique, que ordenó a minera no metálica pagar $70.000.000, por daño moral, más $5.430 por daño emergente.