El requirente estima que el precepto impugnado vulneraría la igualdad ante la ley y el debido proceso.
Hubo apoyo, colaboración y coordinación, o bien omisiones de miembros de la Fuerza Pública que favorecían por aquiescencia o tolerancia las acciones de grupos paramilitares.
El requirente estima que el precepto impugnado infringe el debido proceso, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica.
La gestión pendiente incide en autos de desafuero, seguido ante la Corte de Santiago, en actual conocimiento de la Corte Suprema, por recurso de apelación.
No resulta pertinente acudir al artículo 8 de la ley N° 17.322, por lo que se debe aplicar la norma supletoria del Código de Procedimiento Civil.
No se advierte que la contratación a honorarios en el Servicio Electoral hubiera implicado una vulneración a las normas sobre compatibilidad de funciones previstas en el artículo 87 de la ley N° 18.834.
Se estimaban infringidos los derechos al debido proceso y a la propiedad.
La Contraloría se abstiene de intervenir en la materia, por cuanto la Superintendencia de Educación informó que se encuentra actualmente en trámite un proceso de fiscalización respecto de los hechos denunciados.
La recurrente estimó infringidos la igualdad ante la ley y el debido proceso.
La decisión fue adoptada con el voto en contra de la Ministra Sandoval.
