La Corte de Apelaciones señaló que no se quebrantó ninguna de las garantías numeradas taxativamente en el artículo 20 de la Constitución.
El Tribunal acogió la acción judicial, tras establecer el actuar ilegal y arbitrario de la parte demandada al despedir con vulneración del derecho fundamental a la no discriminación al trabajador.
El Tribunal de alzada dio un plazo no mayor de 20 días para ejecutar la acción constitucional de protección.
El Tribunal de alzada revocó la resolución recurrida, dictada por el Juzgado de Garantía de Concepción, el pasado jueves 24 de octubre, tras establecer que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
El Tribunal de alzada desestimó la acción presentada por los recurrentes al constatar que se ha subsanado la situación referida en los recursos.
El máximo Tribunal acogió recurso de casación y estableció la responsabilidad de la demandada por no adoptar las medidas de prevención y seguridad necesarias en el traslado del personal.
La instancia de Seguridad Ciudadana aprobó en forma unánime la idea de legislar de la iniciativa sobre personas extraviadas y las diligencias orientadas a su búsqueda.
La instancia trató dos proyectos sobre reforma constitucional. El primero modifica el Capítulo XV de la Constitución Política de la República y el segundo aborda la creación de una Asamblea Constituyente.
Bajo la premisa que hay que dar una respuesta institucional a la legítima demanda ciudadana, senadores de todos los sectores participaron en jornada de diálogo para una nueva Constitución, mientras que la Comisión Desafíos de Futuro lidera conversaciones con representantes de la ciencia y la academia.
La Corte de Santiago indicó en su oportunidad que resulta indiscutido que la expulsión del amparado del territorio nacional fue a consecuencia de una orden pronunciada por autoridad facultada para disponerla.
