El Tribunal de alzada revocó la resolución recurrida, dictada por el Juzgado de Garantía de Concepción, el pasado jueves 24 de octubre, tras establecer que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
El Tribunal de alzada desestimó la acción presentada por los recurrentes al constatar que se ha subsanado la situación referida en los recursos.
El máximo Tribunal acogió recurso de casación y estableció la responsabilidad de la demandada por no adoptar las medidas de prevención y seguridad necesarias en el traslado del personal.
La instancia de Seguridad Ciudadana aprobó en forma unánime la idea de legislar de la iniciativa sobre personas extraviadas y las diligencias orientadas a su búsqueda.
La instancia trató dos proyectos sobre reforma constitucional. El primero modifica el Capítulo XV de la Constitución Política de la República y el segundo aborda la creación de una Asamblea Constituyente.
Bajo la premisa que hay que dar una respuesta institucional a la legítima demanda ciudadana, senadores de todos los sectores participaron en jornada de diálogo para una nueva Constitución, mientras que la Comisión Desafíos de Futuro lidera conversaciones con representantes de la ciencia y la academia.
La Corte de Santiago indicó en su oportunidad que resulta indiscutido que la expulsión del amparado del territorio nacional fue a consecuencia de una orden pronunciada por autoridad facultada para disponerla.
El recurrente estimó vulneradas las garantías establecidas en el artículo 19 número 2, 4 y 24 de la Constitución.
Las recurrentes estimaron vulneradas sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 1, 4, 21 y 24.
El máximo Tribunal indicó en su sentencia que la sanción impuesta es desproporcionada y por ello desprovista de la racionalidad que debe orientar a los actos sancionadores de la Administración.
