La gestión pendiente incide en un reclamo de ilegalidad, de que conoce la Corte de Santiago.
Con el fin de evitar la automedicación y sus efectos en la ciudadanía.
La autoridad administrativa se encontraba legalmente facultada para cesar los servicios a contrata de la parte recurrente, servicios cuya principal característica es la precariedad en su duración.
Juzgado Laboral de Antofagasta acogió tutela contra dueño de microbús por despido de conductor luego de interponer demanda de cobro de prestaciones.
El precepto impugnado establece, en síntesis, la regulación de la tabla de factores que se utiliza para determinar los precios de los planes de las Isapres.
El estatuto administrativo no contiene normas que regulen un procedimiento judicial especial para conocer y resolver denuncias de vulneración de derechos fundamentales que afecten a sus funcionarios.
Con los antecedentes no es posible afirmar que la Universidad recurrida ha incurrido en actos arbitrarios y/o ilegales.
El requirente estima que los preceptos impugnados vulneran el derecho al debido proceso.
La Corte Suprema concluyó revocando la sentencia apelada, y en su lugar dispuso que se deseche la acción de protección deducida.
No se advierte que las partes hubieran llegado a acuerdo respecto de los permisos sindicales.
