Los razonamientos esgrimidos en lo sustantivo por la Corte de Temuco para fundamentar su decisión de rechazar la pretensión de la demandada se ha ajustado a derecho.
Andrea Ruiz comentó los esfuerzos que debe hacer el CPLT para facilitar el acceso a la información «desde la perspectiva de un lenguaje claro, pero también con un lenguaje sin estereotipos».
En la discusión en particular se desarrollaron más de veinte votaciones destinadas a ratificar algunas normas en particular o para considerar indicaciones renovadas. La propuesta pasó ahora a consideración del Senado.
La norma es complementaria a otro proyecto aprobado en junio y que deroga dichos privilegios a los integrantes del clero.
El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto por la Municipalidad, y confirmó que la madre tiene legitimidad para actuar en representación del menor accidentado.
El Ministro efectúa interrogatorios a ocho inculpados en diversas causas por delitos de secuestro y tortura ocurridos en el año 1973 en la Región de Valparaíso.
«Es esencial que el Estado garantice que las personas defensoras de derechos humanos puedan realizar sus labores de denuncia y documentación de la situación de derechos humanos en forma libre y en condiciones de seguridad», manifestó el Comisionado Francisco Eguiguren.
La condena de flagelación se dictó hace 10 años, en 1386 (de marzo de 2007 a marzo de 2008). El organismo no tiene claro por qué la condena se ha ejecutado después de más de un decenio.
El organismo sostiene que Matar Younis, de 48 años, podría enfrentarse a la pena de muerte o la cadena perpetua si es declarado culpable de cargos falsos de presuntamente «entablar una guerra contra el Estado» y «minar el sistema constitucional».
El Tribunal de alzada sostuvo que la medida de suspensión de funciones es una atribución exclusiva del fiscal que esté a cargo de una investigación formalizada, a través de un sumario administrativo legalmente tramitado.
