Samah Hadid, directora para Oriente Medio del organismo sostuvo que «en lugar de tratar de lavar su imagen con un evento deportivo y ocultar tras el brillo de la alta velocidad su lamentable historial de derechos humanos, el gobierno bahreiní debe derogar de inmediato las leyes que criminalizan la libertad de expresión».

El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado por la violación al derecho a la objeción de conciencia de una persona Testigo de Jehovah que fue llamada a prestar el servicio militar obligatorio.

El Tribunal de alzada rechaza el recurso de nulidad deducido en contra de la sentencia, dictada por el Primer Juzgado de Letras de Santiago, que rechazó el reclamo en contra de la resolución sancionatoria.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, que condenó a la isapre a pagar una indemnización de $86.116.747 por daño emergente, $46.597.000 por lucro cesante y $5.000.000 por daño moral al demandante.

El recurso de protección no puede ser la vía para pronunciarse sobre el mérito de un sumario administrativo.

Los recurrentes adujeron la vulneración de la garantía constitucional del respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales.

La gestión pendiente incide en autos criminales seguidos ante la Ministra en Visita Extraordinaria Rutherford de la Corte Marcial.

La ejecutividad del acto impugnado, en lo relativo al punto 1º del acuerdo, agotó sus efectos a las 15 horas del viernes 22 de marzo.

Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.

Corresponde ahora que la reclamada informe sobre la materia requerida dentro del plazo de 10 días.