El recurrente aduce que tanto el acto de desalojo así́ como el término unilateral del contrato de comodato importan una transgresión a garantías constitucionales.
Cabe recordar que dicho proyecto modifica el Código Penal; el decreto ley N° 645, de 1925, sobre el Registro General de Condenas, y la ley N° 20.066.
Los legisladores hicieron ver la urgencia de llegar a una solución pacífica e institucional, dada la grave situación económica y alimentaria de dicha nación.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia recurrida que ordenó entregar la nómina de titulados de la carrera de ingeniería comercial de la cerrada Universidad de Temuco.
Las únicas facultades que comporta son las de exigir el acuse de recibo y la comunicación de la decisión adoptada al respecto.
El máximo Tribunal rechazó recurso de queja y confirmó la sentencia que ordenó a la Superintendencia de Valores y Seguros entregar información respecto de una sanción aplicada por caso «Banco de Chile, 2001».
La entidad cuestionada informó que las funcionarias hicieron uso de la prerrogativa de alimentación, conforme con la modalidad requerida.
La Revista ha contado con aportaciones de destacados académicos y profesionales del Derecho Penal.
El respeto al derecho es básico para la convivencia. En este convencimiento generalizado se basa su autoridad.
Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
