El Tribunal de alzada facultó a Gendarmería a tomar las medidas que permitan restablecer el imperio del derecho, proteger la salud e integridad física de los internos en huelga de hambre, a fin de no vulnerar su derecho a la vida.

El Tribunal de alzada revocó la sentencia dictada por el Segundo Juzgado de Policía Local de Rancagua y condenó a la empresa Administradora de Créditos Presto S.A. al pago de una multa de 20 UTM.

Los recurrentes denunciaron que la compañía de seguros hizo caso omiso y comenzó a realizar llamados y enviar cartas exigiendo el pago de la deuda que el fallecido tenía con el Banco Santander.

El Ministro Hugo Dolmestch solicitó a la Corte de Santiago apertura de investigación administrativa por desclasificación de tres procesos ingresados en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Se trata de una acción legal interpuesta por la alcaldesa de Caldera, Brunilda González, quien afirmó en su recurso que la decisión afectaría directamente a las comunas turísticas que en esa fecha se encuentran con su temporada alta.

El Tribunal de alzada estableció que las constantes llamadas que recibe el recurrente vulneran su derecho a la integridad síquica.

Los reclamos de los consumidores se concentran en problemas relacionados con la atención y/o información, por ejemplo, incumplimiento de los contratos; mala calidad del servicio o demasiado tiempo de espera en atención.

En el aspecto civil, el fallo acogió demanda y se ordenó pagar la suma total de $1.910.000.000 a familiares de las víctimas.

El Tribunal acogió la acción judicial presentada por profesional, quien prestó servicios entre 2015 y 2017, como representante de Alto S.A. en causas abiertas en tribunales de Melipilla y Talagante.

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