La gestión pendiente incide en proceso civil, seguido ante el Vigesimonoveno Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de Santiago, por recurso de casación en la forma.

Incorpora ideas que han surgido en la discusión del proyecto en la Cámara de Diputados, en encuentros ciudadanos y observaciones del Consejo de Monumentos Nacionales y del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Se pospuso la adopción del acuerdo, en atención a lo dispuesto en el artículo 20 de la LOCTC, en relación con el artículo 82 del COT.

Esto, a propósito de solicitud del el Gobernador Provincial de Chacabuco, quien solicita un pronunciamiento respecto del alcance y ámbito de aplicación de las facultades legales que asisten a los gobernadores provinciales y a las municipalidades para autorizar la realización de actividades en lugares de uso público de una comuna.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

Los establecimientos educacionales podrán desarrollar sus actividades en forma presencial, siempre que la comuna donde se ubican se encuentre en la fase 4 del Plan “Paso a Paso”.

La Magistratura constitucional colombiana recordó que el modelo social de discapacidad incorporado al ordenamiento constitucional exige derogar todos aquellos mecanismos legales que sustituyen la capacidad legal de las personas en condiciones de discapacidad.

A los empleadores neozelandeses ya se les exige que den licencia remunerada en caso de muerte fetal después de 20 semanas o más. Esta nueva legislación ampliará el permiso a la pérdida del embarazo en cualquier momento.

La recurrente acusa que el actuar de la ANFP es ilegal y arbitrario, ya que aplica de forma desigual lo acordado por su Consejo de Presidentes, privándola de la cuota de indemnización a la que tiene derecho luego de descender de división.

La Magistratura constitucional española considera que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) al desconocer el derecho a obtener de los jueces y tribunales una resolución motivada y fundada en derecho sobre el fondo de las pretensiones deducidas por las partes en el proceso.