La sentencia recurrida no analiza ni contiene las consideraciones necesarias para rechazar las alegaciones formuladas por los actores en la demanda. No cumple con lo dispuesto en el N°4 del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil.

No se configuró la infracción al artículo 46 letra f) del DFL N°2, porque el establecimiento educacional cuenta, detenta o posee, efectivamente, un protocolo que forma parte del reglamento que regula la situación que motivó los cargos formulados.

La actuación denunciada, no contiene sino la ratificación de lo establecido expresamente en el artículo único de la ley N°21.199, y la vigencia de dicha disposición de conformidad a lo mandatado por el artículo 9 del Código Civil.

La requirente alega que no puede defenderse de una ejecución que contraviene un derecho adquirido en procedimiento de familia, afectando sus garantías constitucionales.

Yerra el sentenciador al rechazar la acción de nulidad deducida por los demandantes, por cuanto poseen legitimidad activa para incoar la acción y las tierras son indígenas, encontrándose prohibida su venta a personas que no posean tal calidad.

En el procedimiento sumario se dispuso la medida para esclarecer los hechos.

No existe norma expresa de incompatibilidad en la normativa que regula estos beneficios.

Los requirentes estiman que el hecho de que no se permita solicitar la suspensión en etapas preliminares del procedimiento penal vulnera sus derechos de igualdad ante la ley y debido proceso.

No pueden los órganos judiciales imponer un régimen de comunicación cuando ello va en detrimento de la salud en el sentido integral de los niños involucrados.

Las labores desempeñadas por los actores no correspondían a un cometido específico, dada la amplitud de sus tareas y por referirse a actividades propias y permanentes del Servicio.