Las fotos fueron captadas por una compañera, que luego las colgó en Instagram, todo ello sin consentimiento de la trabajadora despedida
Explorar estas historias puede proporcionar conocimientos únicos y perspectivas sobre la práctica legal y la justicia. Aquí presentamos una selección de series de crímenes reales, incluyendo algunas españolas y europeas, que los abogados deben considerar ver.
Es en el proceso arbitral donde debe revisarse si la solicitud de embargo de bienes y la resolución que lo dispone afectan derechos de terceros en la fase de ejecución del fallo, conforme dispone el artículo 233 inciso 2º del Código de Procedimiento Civil.
Lo anterior, a fin de que no se le prive de condiciones, facultades o derechos con los que actualmente cuenta como privado de libertad.
Los tiempos de privación de libertad correspondientes al proceso en el que se dicta sentencia condenatoria, deben necesariamente ser abonados al cumplimiento de la pena impuesta, independiente de la modalidad de cumplimiento determinada para la misma.
Acusan a la empresa de comercializar la bebida a sabiendas de que es perjudicial para niños, mujeres embarazadas, lactantes y personas sensibles a la cafeína, incluidas aquellas con problemas cardíacos, como era el caso de la víctima.
Se le sustituyó al amparado la pena privativa de libertad por la expulsión del territorio nacional por el lapso de 10 años, cuya ejecución debía realizarse en el plazo de 120 días corridos, pero la PDI ninguna medida ha adoptado para cumplir con la orden de expulsión en el plazo otorgado, justificando su omisión en que no le habría sido remitida la nómina por Gendarmería.
El recurrente insistió que el acto por el que se notificó de dicha resolución, interrumpió el plazo del artículo 152 del Código de Procedimiento Civil al ser una gestión útil para hacer avanzar el juicio, por tanto, la posterior notificación al demandante fue dentro de plazo, lo que fue desestimado por la Corte Suprema, que hizo notar la falta de diligencia para notificar oportunamente a la contraparte.
El acusado intentó anular la suspensión de la licencia de conducir por el plazo de dos años, por el delito de manejo en estado de ebriedad, acusando no poseer el documento a la fecha de los hechos, y que el castigo accesorio sería una infracción al principio non bis in ídem. La Corte Suprema desestimó el argumento, al considerar que el juez no posee la facultad de separar la pena accesoria de la principal, por mandato expreso de los artículos 196 y 209 de la Ley Nº18.290.
Se acreditó que el trabajador en ningún momento trató de engañar a la empresa, dado que, si bien consignó en el parte de trabajo de dichos días que había estado en su puesto durante toda la jornada, en tal manifestación no había voluntad alguna de trasgredir la buena fe contractual, ya que él mismo puso en conocimiento de la empresa sus faltas.
