El emplazamiento de los demandados es un trámite esencial dentro de cualquier procedimiento judicial, por lo que es deber de los órganos judiciales agotar las instancias para garantizarlo.
El Tribunal de alzada ratificó en todas sus partes la sentencia impugnada, dictada por el Cuarto Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la acción al no acreditarse el supuesto incumplimiento.
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) imputa un cargo grave por la ejecución deficiente de medidas para no intervenir a las comunidades durante la construcción del proyecto, y un cargo leve relativo a las mediciones de ruidos.
La propuesta fue respaldada por los senadores, quienes valoraron la prontitud con que los vecinos podrán presentar sus observaciones.
Se trata de una primera sentencia, mientras que se aguarda la lectura de otra, aún pendiente de resolución desde el 2013 en La Haya entre ambos Estados.
Infringe el derecho a la tutela judicial efectiva.
La sentencia recurrida no analiza ni contiene las consideraciones necesarias para rechazar las alegaciones formuladas por los actores en la demanda. No cumple con lo dispuesto en el N°4 del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil.
No se configuró la infracción al artículo 46 letra f) del DFL N°2, porque el establecimiento educacional cuenta, detenta o posee, efectivamente, un protocolo que forma parte del reglamento que regula la situación que motivó los cargos formulados.
La actuación denunciada, no contiene sino la ratificación de lo establecido expresamente en el artículo único de la ley N°21.199, y la vigencia de dicha disposición de conformidad a lo mandatado por el artículo 9 del Código Civil.
La requirente alega que no puede defenderse de una ejecución que contraviene un derecho adquirido en procedimiento de familia, afectando sus garantías constitucionales.
