Desde ahora los congresistas están facultados para sentenciar una iniciativa como aprobada o rechazada, a kilómetros del Congreso Nacional ubicado en Valparaíso.
La acción constitucional solicitó asegurar la debida protección de la vida e integridad física y psíquica de los habitantes de la región. Sin embargo, fue declarada inadmisible por la Corte de Valparaíso.
Se estableció la implementación de denuncias a través de correo electrónico y la limitación de atención a público de forma presencial.
Medidas buscan inyectar recursos a diversos actores de la economía con el objetivo de generar mayor actividad a los diversos actores de la sociedad.
La sentencia fue acordada con el voto en contra de la Ministro Ángela Vivanco, quien fue del parecer de confirmar la sentencia en alzada en virtud de sus propios fundamentos.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia impugnada que condenó a Pedro Espinoza Bravo, Fernando Lauriani Maturana, Rolf Wenderroth Pozo y Miguel Krassnoff Martchenko a 5 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autores del delito, tras descartar la aplicación de la figura de la media prescripción.
El recurrente estimó que se vulneró sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 2 y 24.
La Magistratura constitucional adujo que, lo que se ha sometido a control de constitucionalidad, es la nueva competencia otorgada a Jueces del Trabajo para conocer de reclamaciones respecto de sanciones que pudiera decretar la Dirección del Trabajo.
La Magistratura constitucional colombiana concluyó que no existió un perjuicio irremediable que justificará un amparo transitorio, pues el despido no generó una afectación de su derecho al mínimo vital.
La Corte de Concepción indicó que, a la fecha de disponerse el retiro temporal del recurrente éste detentaba la calidad de dirigente gremial.
