El Tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, dictada por el 18° Juzgado Civil de Santiago, que estableció el incumplimiento del contrato celebrado entre la Corporación de Fomento y la empresa sancionada.
El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal de las recurridas al denegar la cobertura estipulada en el contrato de seguro médico.
El Tribunal estableció la responsabilidad del centro asistencial por la tardía atención brindada en julio de 2011.
Organismo de control no tomó razón de la iniciativa que pretendía establecer un nuevo reglamento sobre interceptación de comunicaciones telefónicas y conservación de datos comunicacionales.
El CPLT estimó que, en la especie, no existe una vulneración al derecho de acceso a la información del reclamante.
La gestión pendiente incide en autos penales, seguidos ante el Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.
El CPLT hace presente que, con fecha 6 de septiembre de 2017, al evacuar el traslado conferido, el Ministerio del Medio Ambiente remitió respuesta a la solicitud del recurrente.
El fallo concluye revocando la sentencia impugnada y declaró que el recurso de protección deducido es admisible, debiendo dársele la tramitación pertinente.
La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Rosenkrantz, quien consideró que el incidente promovido por la parte demandada debe prosperar.
La decisión fue acordada con el voto en contra del abogado integrante Quintanilla, quien estuvo por confirmar la resolución apelada en virtud de sus propios fundamentos.
