El máximo Tribunal establece que la obtención de pruebas, fotografías y grabaciones tomadas desde el antejardín de la casa de los condenados, no vulneran el derecho a la privacidad.
El Tribunal de alzada establece que información solicitada distraería indebidamente las labores de los funcionarios del Ministerio de Minería, por lo se debe denegar el acceso a los datos.
El Tribunal acogió la reclamación presentada por regantes del río Aconcagua contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y le ordenó admitir a trámite la solicitud de invalidación presentada por esta agrupación.
Se concluye revocando la sentencia apelada, sólo en cuanto se condena a la demandada a pagar una suma de $590.800, por concepto de daño material causado al actor.
Anomalía que no se corrige con el acto administrativo que prorrogó la designación por el mes de abril de 2017.
La gestión pendiente incide en autos criminales por delito de secuestro calificado, sustanciados ante el Ministro de Fuero Carlos Aldana Fuentes.
La accionante señala que la sentencia del Primer Tribunal Electoral Regional se refiere abiertamente a su calidad de concejal.
La gestión pendiente incide en un recurso de hecho, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas.
Cabe recordar que la reclamante en su libelo adujo que existieron deficiencias e irregularidades en la instrucción del procedimiento sancionatorio.
La demandada adujo que la resolución impugnada incurrió en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo.
