No existe ninguna resolución judicial que permita concluir que el demandante sea autor de episodios de violencia de género o doméstica, ni autor de delitos de abusos sexuales en la persona de su hijo.
El requirente alega que la falta de efecto suspensivo de estos incidentes atenta contra su garantía a un justo y racional procedimiento, a la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, entre otras garantías constitucionales.
El actor prestó servicios para el SERVIU, no obstante, realizó funciones tendientes a llevar adelante los objetivos que por mandato legal la Subsecretaria del Ministerio de Vivienda debe ejecutar y promover; por lo tanto, nada impide que pueda ser demandada por aquel.
El recurrido rechazó la petición inicial de naturalización, argumentando que el actor perdió su permiso de permanencia definitiva al ausentarse del territorio por 2 años, en circunstancias que durante los siete años que reside en Chile, sólo ha salido dos veces del país por períodos no mayores a un mes en cada viaje.
Busca delimitar su utilización a través de una escala de riesgos que está supeditada al grado de afectación a los derechos de las personas. Prohíbe expresamente su uso en vigilancia biométrica y sistemas de puntuación social basados en el comportamiento y/o características de los individuos.
El ejecutado intentó eludir su obligación, alegando que el cheque fue protestado por firma disconforme, causal no reconocida como válida para el protesto en el artículo 33 de la Ley de Cheques, sin embargo, no opuso tacha de falsedad de su firma, por ende, no cuestionó la existencia de la deuda y el título debe ser considerado con el suficiente mérito ejecutivo para proseguir con el cobro intentado por el acreedor.
El requirente alega que la limitación no tiene fundamento racional, es contraria a la igualdad ante la ley, afecta su derecho a defensa, contraviene el debido proceso, el derecho de propiedad, entre otras garantías constitucionales.
La Ley Lanham considera las marcas como identificadores de origen, como elementos que funcionan para «indicar el origen» de los productos y, por lo tanto, para «distinguirlos» de los «fabricados o vendidos por otros». El pecado capital bajo esta ley es socavar esa función. Es confundir a los consumidores acerca de la fuente, para hacer que piensen que los productos son de otro.
Se advirtió por parte de la Superintendencia que el loteo se encuentra a menos de 3 millas náuticas de las islas Simpson y Huemules.
Él y su hermano están acusados de conformar una organización criminal que obligaba a mujeres a ejercer el comercio sexual y producir material pornográfico en territorio rumano. Según el fiscal del caso, engañaron y coaccionaron a sus víctimas, muchas de ellas menores de edad. En la actualidad se encuentran bajo arresto domiciliario.
