El recurrente estimó vulnerado el derecho a la integridad física, psíquica y moral.
La Comisión recuerda la importancia que reviste la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de Planes Nacionales de Derechos Humanos como instrumentos de política pública que incorporen el enfoque de derechos en todo el aparato estatal y cuenten con la amplia participación de los distintos sectores sociales en cada una de las etapas del proceso.
Carga de acreditar los presupuestos de la acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual recae en la parte demandante.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la Caja de Compensación La Araucana al descontar de las remuneración del recurrente, las cuotas de los créditos repactados que dejaron de pagar los deudores principales.
La gestión pendiente incide en un recurso de protección, de que conoce la Corte de Copiapó, en actual conocimiento de la Corte Suprema por recurso de apelación.
La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Muñoz, quien fue del parecer de declarar admisible el recurso de que se trata y darle la tramitación correspondiente.
Oficio enviado a 349 organismos públicos precisa medidas que se deben adoptar para asegurar el cumplimiento de la Ley de Transparencia durante la etapa de traspaso de mando.
La CIDH considera que la aprobación del plan, cuya elaboración estaba prevista en la Ley N° 20.885, es un paso fundamental para el avance y respeto pleno de los derechos humanos en el país.
LyD arguye que avanzar en descentralización no pasa por la mera elección directa de sus autoridades, sino que requiere que las competencias que se transfieran estén apropiadamente delimitadas y explicitadas.
El fallo concluye que la Municipalidad de Ancud no pudo probar la existencia de daño ambiental como consecuencia del vertimiento de 9 mil toneladas de desechos de peces autorizado por Directemar.
