La decisión fue acordada con la prevención de la Ministra Sandoval, quien estuvo por confirmar la sentencia de alzada en los mismos términos bajo los cuales se ordenó el pago de remuneraciones pendientes.
El recurrente estimó vulneradas las garantías establecidas en el artículo 19 numerales 1, 9, 18 y 24 de la Constitución Política de la República
El máximo Tribunal señaló que la decisión de poner término anticipado a la contrata de la parte recurrente configuró un acto ilegal y que afectó el derecho a la igualdad ante la ley.
La gestión pendiente incide en autos infraccionales, seguidos ante el Segundo Juzgado de Policía Local de Santiago, en actual conocimiento de la Corte Suprema, por recurso de casación en el fondo.
Si bien el acuerdo por el que se consulta se encuentra vigente -al no constar la adopción de uno nuevo en sentido contrario- este dice relación con una materia no susceptible de ser plebiscitada.
Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.
La gestión pendiente incide en autos sobre cobro de impuesto territorial, seguidos ante el Juzgado de Letras de la Ligua.
Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Educación y Cultura del Senado.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso de apelación presentado por la empresa, en contra de la resolución, dictada por el Segundo Juzgado de Letras de Iquique, que le ordenó pagar $5.465.559 por daño emergente, y $1.500.000, por daño moral.
El Tribual aplicó a la empresa multas por un monto total de 800 UTM, y el pago de una indemnización de $59.551 a cada tarjetahabiente.
