La demanda fue acogida por la vulneración del derecho a la integridad psíquica.
La Corte de San Miguel estimó que el actuar de la recurrida afectó las garantías de los numerales 8 y 24 del artículo 19 de la Constitución.
La gestión pendiente incide en autos seguidos ante el Juzgado de Garantía de Rancagua.
Corresponde ahora que la iniciativa -en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.
La Corte de Valparaíso estimó que el ente municipal recurrido, no dio cumplimiento a la normativa especial y general que en la materia.
Para el caso que se declare admisible, le corresponderá al Tribunal Pleno emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Santiago con declaración, sustituyendo la medida de destitución por la de suspensión.
El recurrente considera vulnerado su derecho a no ser juzgado por comisiones especiales.
El máximo Tribunal revocó la sentencia apelada, dictada por la Corte de Talca, y en su lugar acogió el recurso de amparo y resolvió abonar un total de 124 días a la condena del amparado.
La Corte de Santiago señaló que ninguna ilegalidad ni arbitrariedad pudo atribuirse a las recurridas.
