La gestión pendiente incide en autos sobre reclamación de sanción administrativa de que conoce, vía apelación, la Corte de Apelaciones de Rancagua.
La Biblioteca Nacional del Congreso explica cuál es el estado de la calidad del agua en América Latina y cuáles son los desafíos de Chile en este ámbito.
Asimismo, la sentencia estableció la accesoria legal de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y el pago de una multa de 40 UTM y de las costas de la causa.
Autoridad universitaria, quien acudió al máximo Tribunal para revertir un fallo previo de la Corte de Apelaciones, fue sancionada por no proporcionar información a un grupo de académicos desvinculados de la institución.
«La judicialización es la consecuencia natural de la expansión garantista de los derechos. Es, por lo tanto, un efecto, incluso, deseable».
La demanda fue interpuesta por la Junta de Vigilancia de la Tercera Sección del río Mapocho, compuesta por pequeños agricultores que riegan con aguas del Río Mapocho sus terrenos cuyos cultivos abastecen a la Región Metropolitana.
El máximo Tribunal descartó actuar arbitrario del Municipio que ordenó desmantelar las construcciones agregadas por vecinos en edificio declarado patrimonio histórico.
El Tribunal de alzada ratificó la sentencia recurrida que condenó a los Centros de Salud a indemnizar a los familiares de Roberto Moreno Urizar, por su responsabilidad en el mal tratamiento brindado al paciente.
La gestión pendiente incide en los autos recurso de queja deducido en contra de tres ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, en actual conocimiento de la Corte Suprema.
No existió consentimiento previo, libre, pleno e informado con el fin de someterse a la intervención quirúrgica de ligadura de las trompas de Falopio.
