El actor alega que el Estado se encontraba obligado a proporcionarle todos los elementos y accesorios de protección, en atención a la peligrosidad del sector y a la previsibilidad de posibles agresiones, las que fueron incluso alertadas a través de una carta anónima, sin embargo, no se tomaron medidas de resguardo.

De esta forma, el órgano contralor continúa con el criterio adoptado en un dictamen del año 2021, emitido con ocasión del término del estado de catástrofe.

El máximo Tribunal no advirtió infracción alguna a las normas denunciadas, así como tampoco a las disposiciones legales que establecen la reparación integral de los daños causados pues ella ha de fundarse en antecedentes probatorios de mérito, cuyo no es el caso de los documentos respecto de los cuales se razona en el arbitrio de nulidad.

En cambio, solo estimó los efectos de la interrupción civil incurriendo el fallo en la causal de casación formal del artículo 768 N°5 en relación al artículo 170 N°4 ambos del Código de Procedimiento Civil.

En la implementación segura de los sistemas y sitios web deben aplicarse estándares de desarrollo, compatibilidad y las directrices principales de las normas internacionales y nacionales sobre seguridad.

En la especie, tales diferencias quebrantan la igualdad ante la ley.

La publicación incluye las sentencias dictadas entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021 y sistematiza estas decisiones y criterios, con el propósito de relevar el estudio de la jurisprudencia dentro del ejercicio de la función judicial.

Todo propietario o propietaria que desee subdividir su propiedad sin cambiar el uso agrícola del suelo, debe contar con un certificado emitido por el Servicio Agrícola y Ganadero que establecerá que la subdivisión que se quiere efectuar cumple con la normativa vigente.

La recurrida actuó en concordancia a su normativa interna, con el fin de velar por la sana convivencia de los miembros que la integran.

Con ello, se afectó la libertad de asociación del actor.