El máximo Tribunal confirmó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que aplicó, además, una multa de 100 UTM a la empresa y pagar, como medida reparatoria, el “bono marzo” a todos los trabajadores y trabajadoras hayan o no suscrito el pacto.

En fallo de mayoría, el pleno del máximo tribunal estimó concurrente en la especie, los requisitos que exige el artículo 53 inciso 2° de la Ley N° 19.640, para acoger la solicitud de remoción de la persecutora. 

El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional y ordenó al recurrido abstenerse de hacer publicaciones agraviantes como las que motivaron el recurso.

El Tribunal de alzada revocó la sentencia impugnada, dictada por el Vigesimosexto Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la demanda, tras establecer que el canal debe reparar el daño causado por la emisión de un reportaje con información falsa.

No se condice con los parámetros de racionalidad y justicia que la Constitución exige al proceso penal, la circunstancia de que el imputado se vea privado de la posibilidad de apelar contra la resolución que determina lo que será, en la práctica, todo el juicio oral, incidiendo en la prueba y, por consiguiente, en el esclarecimiento del hecho punible y las circunstancias que lo rodean.

La magistratura estableció que los cinco cheques protestados y notificados al deudor tenían fuerza ejecutiva, por lo que es infructuoso alegar que la causal del protesto es diferente a aquella que establece el artículo 33 de la Ley de Cheques, argumento que fue considerado por el máximo Tribunal como un intento del ejecutado de ir en contra de su propio comportamiento para limitar los derechos de otro, y eludir el pago del monto adeudado.

Actualiza los delitos que sancionan la delincuencia organizada, incorpora normas de comiso y establece técnicas especiales para su investigación.

Los hechos constituyen el delito de violencia contra la mujer en su modalidad de amenazas, ya que todas las expresiones e intentos de comunicación por parte del acusado fueron ejercidas con la intención de atemorizar y menoscabar – e forma flagrante- la integridad psíquica y moral de la víctima.

Cabe la posibilidad que en tales circunstancias se hayan auto inferido lesiones, generándose, dudas razonables que impiden condenar al acusado.

El viaje no estaba relacionado con las funciones propias de los respectivos cargos ni existía un fin o interés público vinculado a dichas actividades, por lo que asignar y disponer de fondos públicos mediante las autorizaciones respectivas conlleva un detrimento al erario público.