El Tribunal de alzada ratificó la decisión impugnada por corresponder dicha información a antecedentes reservados de una investigación administrativa en curso.
El Tribunal de alzada descartó actuar arbitrario del Consejo para la Transparencia (CPLT), que ordenó la entrega de la información solicitada por no constituir materia de reserva.
Cabe recordar que la solicitud de remoción se funda en que la alcaldesa durante su período anterior habría incurrido en múltiples irregularidades.
Los cometidos funcionarios cuestionados por el Informe, no dicen relación con las labores inherentes al cargo de Estafeta que desempeña el servidor involucrado.
La recurrente estimó que vulneró la igualdad ante la ley, ya que la Alcaldesa ha puesto a la Unión Comunal que representa en una situación desigual a la de los demás directores.
El reclamo se fundó en que la información relativa a las auditorías al ejercicio presupuestario; se encuentra desactualizada y no está disponible en forma permanente.
El recurrente estimó vulnerado el derecho a la vida y a la integridad física y síquica de las personas.
La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de nulidad laboral, de que conoce la Corte de Apelaciones de Valdivia.
La sentencia del máximo Tribunal español estableció que el abogado ideó un plan que controló y del que se lucró.
La Corte de Coyhaique concluye revocando la sentencia de primera instancia.
