Tal derecho –en su esencia- no se ha visto afectado en el caso de los recurrentes.
Cabe recordar que la sentencia declaró responsable internacionalmente a la República Argentina por la violación del derecho de libertad de pensamiento y expresión.
Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.
La decisión fue acordada con el voto en contra del abogado integrante Figueroa, quien fue de la opinión de rechazar el recurso de unificación la jurisprudencia.
La gestión pendiente invocada incide en un recurso de protección, de que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago.
La iniciativa busca conocer los planes de desarrollo y negocios elaborados por las empresas, para informar al Ministerio de Hacienda y al respectivo ministerio sectorial para que estos lo aprueben; perfeccionar los Gobiernos corporativos de las empresas del Estado y de aquellas en que haya participación estatal, entre otras.
La Comisión pide suspender la ejecución de Rubén Ramírez Cárdenas, ciudadano mexicano y beneficiario de medidas cautelares de la CIDH, la cual está programada para el 8 de noviembre de 2017 en el Estado de Texas.
De acuerdo al órgano “esta condena a muerte ha sido impuesta en flagrante contradicción con las obligaciones contraídas por Mauritania en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, y en particular la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en la que es Estado Parte”.
Se señala que no solo propone la robotización de la sociedad, sino también la creación de capital humano avanzado que sea capaz de trabajar en forma colaborativa.
El recurso de nulidad sustancial acusa la vulneración de las leyes reguladoras de la prueba, lo que la Corte descarta, luego de observar que las alegaciones de la recurrente descansan más bien en su disconformidad con el valor que asignaron los sentenciadores a la prueba rendida.
