Es abusiva la inclusión de consumidores que son o fueron clientes de la empresa, en cualquier fichero de solvencia patrimonial por deudas reclamadas tras la finalización de la relación contractual (porque los clientes se han dado de baja o han realizado la portabilidad a otro operador), cuando esos consumidores se oponen al pago de tales deudas, sin que nunca antes hubiesen incurrido en ningún impago de lo adeudado.

La requirente estima que se configura una limitación arbitraria que transgrede su garantía a un debido proceso.

Los procesos de admisión de estudiantes a los establecimientos educacionales se realizarán por medio de un sistema que garantice la transparencia, equidad e igualdad de oportunidades, y que vele por el derecho preferente de los padres, madres o apoderados de elegir el establecimiento educacional para sus hijos.

Al momento de solicitar el abandono del procedimiento aún no existía una relación procesal perfecta, toda vez que no habían sido notificados todos los demandados de la causa y, por consiguiente, no estaba legalmente trabada la litis. Por esta razón es dable concluir que no existía propiamente el juicio cuyo procedimiento se pedía declarar abandonado.

Su edificación genera un trato diferenciado en los destinatarios de la obra. Un beneficio para un distrito y un perjuicio para el otro, cuyos habitantes encuentran dificultades para acceder al transporte público y a espacios públicos por el muro en cuestión, lo que genera un impacto negativo en las condiciones de vida de los habitantes de uno de los lados del muro.

De igual forma, a los trabajadores contratados a honorarios no les corresponde el derecho de sala cuna, en razón del artículo 11 del Estatuto Administrativo.

Propone que todos los estudiantes desarrollen los aprendizajes que les permitan comprender y asimilar contenidos sobre nutrición, para hacer posible el pleno desarrollo de sus condiciones físicas y, como consecuencia de ello, mental y espiritual.

En relación con las solicitudes de asilo basadas en un riesgo individual, debe ser el solicitante el que invoque y justifique dicho riesgo. Sin embargo, si un Estado contratante tiene conocimiento de hechos relativos a un individuo específico que podrían exponerlo a un riesgo de malos tratos al regresar a su país, las obligaciones que incumben a los Estados implican que lleven a cabo una evaluación de ese riesgo de oficio.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social concluyó el despacho de la iniciativa y ahora corresponde que sea analizado por su par de Hacienda en las materias de su competencia.

En la sentencia, la Tercera Sala del máximo tribunal descartó error de derecho en la resolución dictada por el Tercer Tribunal Ambiental, que anuló la calificación favorable del proyecto emitida por Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío (Coeva), la cual no consideró a la comuna de Penco dentro del área de influencia del proyecto denominado “Terminal Marítimo GNL Talcahuano”.