Su edificación genera un trato diferenciado en los destinatarios de la obra. Un beneficio para un distrito y un perjuicio para el otro, cuyos habitantes encuentran dificultades para acceder al transporte público y a espacios públicos por el muro en cuestión, lo que genera un impacto negativo en las condiciones de vida de los habitantes de uno de los lados del muro.

De igual forma, a los trabajadores contratados a honorarios no les corresponde el derecho de sala cuna, en razón del artículo 11 del Estatuto Administrativo.

Propone que todos los estudiantes desarrollen los aprendizajes que les permitan comprender y asimilar contenidos sobre nutrición, para hacer posible el pleno desarrollo de sus condiciones físicas y, como consecuencia de ello, mental y espiritual.

En relación con las solicitudes de asilo basadas en un riesgo individual, debe ser el solicitante el que invoque y justifique dicho riesgo. Sin embargo, si un Estado contratante tiene conocimiento de hechos relativos a un individuo específico que podrían exponerlo a un riesgo de malos tratos al regresar a su país, las obligaciones que incumben a los Estados implican que lleven a cabo una evaluación de ese riesgo de oficio.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social concluyó el despacho de la iniciativa y ahora corresponde que sea analizado por su par de Hacienda en las materias de su competencia.

En la sentencia, la Tercera Sala del máximo tribunal descartó error de derecho en la resolución dictada por el Tercer Tribunal Ambiental, que anuló la calificación favorable del proyecto emitida por Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío (Coeva), la cual no consideró a la comuna de Penco dentro del área de influencia del proyecto denominado “Terminal Marítimo GNL Talcahuano”.

El Tribunal de alzada descartó infracción en el proceso sancionatorio y desestimó el decaimiento de la acción y la desproporción de la multa alegadas por la recurrente.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que condenó al municipio a pagar al demandante las sumas de $120.000.000 por concepto de daño moral; $58.981.896 por daño emergente; $6.980.000 por la reposición de la silla de ruedas, más $350.000 mensuales por los gastos en asistente o auxiliar.

Conocida como “Ley Antonia”, crea tipos penales, incorpora derechos específicos para las víctimas en el transcurso de la investigación y protege su identidad, intimidad, seguridad y dignidad.

Requirente alegó que la norma impugnada vulnera su derecho a defensa e igualdad ante la ley.