El fallo señala que «la relevancia pública de la información, considerada desde la perspectiva de que es una noticia antigua, traída al momento presente por medio de la puesta a disposición en la hemeroteca digital, puede ser cuestionada».
El Tribunal condenó al Colegio Santa Cecilia por incumplimiento de contrato de prestación de servicios suscrito con la madre y apoderada de menores con diagnóstico de mutismo selectivo, trastorno que dificulta su comunicación.
El Tribunal ordenó la realización de un nuevo juicio oral simplificado, tras establecer que la sentencia impugnada no contiene una exposición clara, lógica y completa de los hechos y circunstancias que permitieron arribar a la convicción de condena.
El Tribunal de alzada ordenó pagar a AIG Chile Compañía de Seguros Generales S.A., la que debió cancelar póliza de vehículo que resultó destruido en un choque registrado el 1 de junio de 2012, en la comuna de Macul.
El organismo explica que la iniciativa busca contribuir a la memoria histórica de Chile, justo cuando se cumplen 45 años del golpe de Estado y 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El organismo sostiene que los jueces que se han negado a ceder a esas presiones tras las reformas, ya han informado que están siendo objeto de acoso, incluidos procedimientos disciplinarios.
El máximo Tribunal anuló la sentencia de Juez militar, y absolvió a los 23 condenados al comprobar su completamente inocencia.
El máximo Tribunal acogió la denuncia presentada, tras establecer el actuar discriminatorio del Colegio Alemán de Puerto Varas, al no permitir la matrícula del menor, pese a que había sido parte de programa piloto de incorporación de alumnos con discapacidad intelectual.
El máximo Tribunal acogió la reclamación deducida por la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), tras establecer que las empresas de telecomunicaciones incurrieron en conductas anticompetitivas al dividirse dicho mercado.
El máximo Tribunal ratificó la sentencia impugnada por la Universidad Finis Terrae, tras establecer que el Ministerio no incurrió en un actuar arbitrario.
